Caso Odebrecht continúa haciendo estragos en Perú

Continúan casos de denuncias. Foto: Google

Con la delación premiada, el caso Lava Jato nace bajo la consigna de proteger penalmente a los empresarios culpables de incontables casos de corrupción en América Latina. El día 6 de junio, la procuradora de Río de Janeiro, Marisa Varotto Ferrari, suspendió la declaración de Jorge Barata ante la fiscalía peruana, con el argumento de que se habría transformado en un colaborador del caso Odebrecht que no cuenta con una protección jurídica clara.

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El acuerdo de leniencia suscrito por 77 ejecutivos de Odebrecht con Brasil, Estados Unidos y Suiza no incluye la protección para colaboradores como Jorge Barata. Por su parte, el Ministerio Público aclaró por Twitter (para otorgarle más seriedad a este remolino de corrupción capitalista) que no se habían cancelado las relaciones con Brasil.

Días atrás, el fiscal peruano Elmer Chirre Castillo sorprendió a la prensa local al descubrir un nuevo caso de corrupción de Odebrecht en el Perú que, por primera vez, fue resuelto sin colaboración de los procuradores de Brasil o de los fiscales de Estados Unidos y Suiza. En esta oportunidad, las pruebas incriminan directamente al gobernador regional de Áncash, César Álvarez Aguilar, que al asumir su cargo, estrechó sus manos con la constructora brasileña por un acuerdo que le ofrecía el 3.5% del valor total de las obras que les dieran en concesión.

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A raíz de esto la empresa tuvo que reconocer, aportando pruebas, de la entrega del dinero a través del testaferro Dirsse Valverde Varas. Apretada por las evidencias, dio a conocer que desembolsó 2 millones 628 mil dólares al detenido gobernador Álvarez Aguilar, a cambio de la construcción de la carretera "Callejón de Huaylas- Chacas-San Luis" (obra ejecutada en los años 2010-2013).

Fuente: La Izquierda Diario